Este artículo fue originalmente publicado el 14 de noviembre en el medio esglobal. El autor es el investigador junior del Navarra Center for International Development José Manuel Cuevas. A continuación se reproduce parcialmente el artículo. Puede consultar el artículo original aquí.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad marcó un capítulo en la historia del proceso democrático del país centroamericano. Ahora, su cierre definitivo deja tantos cabos sueltos como conclusiones de cara a la nueva legislatura.

El pasado enero, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pretendió finalizar de manera unilateral el acuerdo con Naciones Unidas por el cual funcionaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La decisión incluía la orden para los funcionarios de abandonar el país, según la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, le informó a la ONU en Washington. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió invocando el artículo 12 del acuerdo, que estipulaba que las controversias debían resolverse “por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.

La CICIG, por su parte, confirmó que seguiría operando y, con manifestaciones a favor y en contra, Morales optó por no renovar el mandato del organismo, que iba hasta el pasado 3 de septiembre, enfrentándose por el camino a la Corte de Constitucionalidad, la oposición y el Ministerio Público (fiscalía). Finalmente, y argumentando que se estaba rompiendo el orden constitucional, el jefe del Ejecutivo les ganó el pulso a los otros poderes y a la Comisión, que investigaba a su hijo por fraude y a su hermano por fraude y blanqueo de capitales, ambos después absueltos, y que pretendió que se le retirara el aforamiento a él para llevarlo a juicio por supuesta financiación irregular de su campaña de 2015.

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