Este artículo de análisis fue originalmente publicado en la Revista Política Exterior el 18 de agosto de 2021. El autor es el investigador junior David Soler Crespo. El texto original puede consultarse aquí.
El 14 de mayo de 2021, cinco jueces de la Corte Suprema de Kenia tumbaron la reforma constitucional iniciada por el gobierno. El proyecto era conocido como Building Bridges Initiative (BBI) y según sus promotores era vital para unir al país por encima de la rivalidad étnica y garantizar el desarrollo de las regiones periféricas, al proporcionar mayor financiación a los gobiernos regionales. El BBI ya había sido aprobado en el Parlamento y se enfrentaba a un referéndum, pero la justicia lo ha frenado al considerarlo "irregular, ilegal y anticonstitucional". En su veredicto, los magistrados dijeron que la creación de la comisión para la reforma constitucional había sido irregular, que el presidente, Uhuru Kenyatta, había violado el Capítulo 6 de la Constitución al no pasar un test de integridad, y finalmente que el proyecto iba en contra de la Carta Magna al haberlo empezado el Estado y no ser una iniciativa popular.
Los detractores del BBI argumentan que este era solo un nuevo pacto entre las élitespara mantenerse en el poder. El proyecto nació tras un apretón de manos entre dos familias históricamente rivales, la Kenyatta, de etnia kikuyu y en el gobierno, y la Odinga, de etnia luo y siempre en la oposición. El cambio constitucional preveía ampliar el ejecutivo y crear un puesto de primer ministro, algo que argumentaban iba en favor de representar a más grupos étnicos. Pero los opositores al cambio aludían que la nueva ley podría acabar con la democracia multipartidista y retrotraer al país a la época del partido único.
La decisión de la justicia keniata ha levantado un debate sobre el papel que deben desempeñar los jueces en defensa de la democracia. El gobierno ha acusado a la Corte Suprema de venderse a los opositores, mientras que estos han aplaudido su integridad e independencia. No es la primera vez que los tribunales van en contra del gobierno y dictaminan medidas pioneras en el continente. En 2017, Kenia fue el primer país africano en anular los resultados de unas elecciones y ordenar su repetición, alegando fraude, a pesar de que Kenyatta había ganado la reelección. Su ejemplo sirvió para que tres años más tarde la justicia de Malaui anulara las conocidas como elecciones del Tipp-Ex. La sentencia acabó dando lugar a un cambio pacífico de gobierno, poniendo fin a tres lustros en el poder de la familia Mutharika, entre Bingu y su hermano menor, Peter.
Casos pioneros en un continente muy diverso
África es un continente muy diverso, con grandes diferencias sociales, políticas y económicas entre regiones que hacen difícil extrapolar e incluso comparar casos concretos como los de Kenia y Malaui. A ambos países les separan más de 2.000 kilómetros de distancia y aunque les une un pasado colonial británico, la situación política que dio pie a las respectivas decisiones judiciales no puede equipararse. Ambos casos son pioneros e intentar generalizar con lo que ocurre en el resto del continente sería un error.
Sin embargo, sí podemos encontrar en ambos casos dos factores que son necesarios para que la justicia pueda actuar con independencia. Por un lado, hace falta una sociedad civilcomprometida y organizada, con recursos y argumentos válidos para poder contestar las decisiones del ejecutivo. Sin la presión popular en las calles ni las demandas interpuestas por asociaciones de abogados y activistas, la justicia no habría podido entrar a dirimir la legalidad de las decisiones políticas.
Por otro lado, el mayor escollo es la voluntad política para aceptar la independencia de la justicia. En Kenia, el gobierno ha contestado la decisión ante la Corte de Apelación, cuyo veredicto final llega el 20 de agosto, y ha comenzado una campaña de desprestigio contra los cinco jueces, a los que acusa de ir contra del futuro del país. En la mayoría de países de África subsahariana existe una injerencia del poder ejecutivo en el judicial, con un abuso de poder que asegura que este funciona a favor de aquel. Es habitual que la justicia refrende la victoria de un mandatario en unas elecciones irregulares o dé luz verde a un cambio constitucional, ilegal hasta entonces, para permitir que se presente a más elecciones y se atrinchere en el poder.
Más allá del trinomio social, político y judicial necesario, los casos de Kenia y Malaui han abierto una pregunta en África: ¿qué papel debe desempeñar la justicia en la batalla contra un líder autoritario y a la hora de promocionar la democracia? No se puede exigir a los magistrados que desempeñen un papel central y deshagan un régimen autocrático cimentado durante décadas. La justicia debe interpretar unas leyes, no promulgarlas, por lo que en naciones profundamente autocráticas no se puede esperar que los jueces promocionen la democracia, ya que si lo hicieran se excederían en sus competencias. Es importante no exigir de más a la justicia.
A esta se le debe exigir que haga prevalecer el Estado de Derecho y respete el orden constitucional. El aval de la justicia a la reversión de los límites a los mandatos presidenciales por parte de 12 presidentes en el último lustro daña la reputación del poder judicial africano, al adaptar las leyes al gusto del dirigente de turno. Las medidas pioneras en Kenia y Malaui son vitales para el desarrollo democrático porque crean jurisprudencia y una base sobre la que pueden apoyarse magistrados de otros países, lo que ayuda a justificar sus sentencias y alejarlas del plano político nacional. Estas pueden facilitar que la justicia actúe como barrera contra las derivas autoritarias en varios países, pero no se puede esperar que el poder judicial sea el que imponga la democracia.