La CICIG y la MACCIH se crearon en Guatemala y Honduras mediante acuerdos con organizaciones internacionales para fortalecer la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y violencia. Su labor, que ha dado resultados, ha recibido apoyos y detractores, y en El Salvador se hacen eco del debate
La corrupción y la violencia son dos lastres para el desarrollo del Triángulo Norte centroamericano. La impunidad se retroalimenta junto con la violencia, el narcotráfico y la debilidad institucional, y esa serpiente que se muerde la cola ha llevado a esta zona a ser una de las más violentas y corruptas del mundo.
Por ejemplo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, que Transparencia Internacional mide sobre 180 países, Guatemala se ubicó 143, Honduras 135 y El Salvador 112; en el Índice de Paz Global de 2018, del Institute for Economics and Peace, entre 163 países Guatemala se ubica 111, el Salvador 116 y Honduras 118, y en los dos casos se trata de tendencias en las que ha habido poca variación en la última década. Ahora, según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios muestra altibajos en los tres países en los últimos veinte años, y en 2016 fue, por cada 100.000 habitantes, de 27 asesinatos en Guatemala, 56 en Honduras y 83 en El Salvador.
Por su parte, en el Índice de Competitividad Global 2017-2018, del Foro Económico Mundial, coincide que entre los factores que más dificultan los negocios y la inversión en los tres países están el “crimen y el robo”, la corrupción y una “burocracia gubernamental ineficiente”.
Ante este panorama sostenido en el tiempo, la presión ciudadana llevó a que Guatemala y Honduras buscaran ayuda en el exterior para fortalecer su sistema judicial y empezar a darle una solución institucional a la impunidad en la corrupción y el crimen organizado. Así, en 2006, por medio de un acuerdo con Naciones Unidas nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que el Congreso guatemalteco aprobó en 2007. Y en 2016, con el modelo del país vecino, nació la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través de un acuerdo del gobierno de ese país con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En una década y en dos años, respectivamente, la CICIG y la MACCIH han recibido el aplauso de los sectores que las habían exigido y de otros al principio escépticos, pero también el rechazo de quienes las han visto como ejemplos del intervencionismo extranjero para moldear el país de acuerdo con intereses políticos y económicos, al estar Estados Unidos detrás de su financiación. Y así como en Honduras miraban de reojo a la CICIG ante la posibilidad de adoptar (y adaptar) un modelo para enfrentar problemas similares, El Salvador sigue haciendo lo propio con los dos países vecinos al ver los logros, fracasos y polémicas que se han dado.
Pioneros por necesidad
El conflicto armado que hubo en Guatemala entre 1960 y 1996 difuminó las fronteras entre redes criminales y redes de corrupción. La transición hacia la democracia, además, se hizo de tal manera que unas instituciones ya frágiles perdieron legitimidad, de lo que se han aprovechado propios y ajenos para corromperlas en favor de sus intereses, perjudicando el desarrollo socioeconómico del país.
Varios de los cabos sueltos de ese proceso fueron grupos paramilitares y parapoliciales que el Estado buscó desmantelar a través de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), creada en 2004 de la mano de la ONU y que se cerró por oposiciones de una parte del Congreso y tras una revisión de la Corte de Constitucionalidad. El Gobierno modificó el texto y, tras nuevos diálogos con el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 2006 se firmó el acuerdo que creaba la CICIG, más robusta, y aprobada por el Congreso en agosto de 2007.
Desde entonces, aparte del apoyo al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, la CICIG ha publicado informes detallados, como el de la financiación de la política en Guatemala, y ha ido desarrollando sus tres proyectos principales: un Observatorio Judicial, de la mano de expertos; el desarrollo de una Justicia integrada, para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema, y la promoción de una cultura de la legalidad en centros educativos. De igual manera, la idea es que, conforme cumpla sus objetivos, la CICIG les transfiera sus capacidades a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Un ejemplo es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que la CICIG creó junto con el Ministerio Público.
Mientras tanto, la Comisión se ha involucrado desde 2009 en al menos 84 investigaciones judiciales de alto calibre, relativas a grupos ilegales o clandestinos que han penetrado las instituciones (según un informe de InSight Crime) y (cada vez más) a prácticas corruptas donde ha habido actores de los sectores público y privado. La mayoría de esos casos se han destapado desde la llegada del comisionado Iván Velásquez el 31 de agosto de 2013, a partir de cuando la CICIG ganó más peso en la opinión pública por tocar con más frecuencia las esferas más altas del poder.
Dentro de los casos relativos a la corrupción más relevantes están: la extradición en 2011 a EE.UU. del expresidente Alfonso Portillo (quien ya cumplió condena) por haber desviado fondos del Ministerio de la Defensa; la revelación en 2015 de la red de fraude aduanero conocida como La Línea, que llevó a dimitir (y a prisión) al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti; investigaciones de sobornos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que ha sacudido a casi toda Latinoamérica, y la solicitud en 2017 del antejuicio contra el actual presidente Jimmy Morales por supuesta financiación ilegal de su campaña en 2015.
El presidente, al igual que otros políticos y sectores, ha acusado a la CICIG de tener una agenda política e ideológica y de extralimitarse en sus funciones, lo que junto a la labor de la propia Comisión ha llevado a que la gente apoye a una parte u otra.
Inicialmente, el mandato de la CICIG era de dos años, pero ha habido cinco prórrogas, la más reciente hasta el 3 de septiembre de 2019, solicitada por el propio Jimmy Morales, quien a finales de agosto de este año anunció que no renovaría el mandato de la Comisión. A los pocos días, Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, quien tras haber viajado por trabajo a Estados Unidos no ha podido volver a entrar en Guatemala, a lo que la ONU respondió solicitándole que siguiera dirigiendo la Comisión desde fuera del país.
Pero, más allá de las posturas puntuales, esa división en la población por la disputa entre el Gobierno y la CICIG perjudica a fin de cuentas a los propios objetivos de lucha contra la impunidad y al sistema institucional que se está articulando y consolidando para combatirla, y favorece a las redes y actores que sacan provecho de esa inestabilidad.
Las “marchas de las antorchas”
Desde que la CICIG dio resultados, en Honduras se empezó a comentar su desempeño y la posibilidad de buscar una medida similar, lo que tuvo partidarios y detractores. Pero cuando en mayo de 2015 se destapó un escándalo de malversación y desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sector que además está en crisis, la balanza se empezó a inclinar a favor de los primeros.
El descontento de una parte de la población llevó a la calle a los llamados “indignados”, cada vez más numerosos, a protagonizar “marchas de las antorchas” durante varios meses por todo el país, exigiendo una CICIH. La presión, huelgas de hambre incluidas, llevó a que el presidente Juan Orlando Hernández propusiera la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC), un organismo interno de apoyo al Ministerio Público y a las instituciones judiciales. La propuesta no satisfizo a los manifestantes, que demandaban presencia internacional: el Gobierno hondureño no acudió a la ONU sino a la OEA y, tras un proceso de socialización con distintos sectores e instituciones del país, el 19 de enero de 2016 se creó la MACCIH.
Además de haber surgido por acuerdos con diferentes organizaciones internacionales, la CICIG y la MACCIH se diferencian en que en Honduras la presión social fue más determinante para su creación; la primera puede ejercer persecución penal, mientras que la segunda se limita a investigar, y las propuestas de la MACCIH al Gobierno hondureño de reformas en el sistema judicial son técnicamente obligatorias, mientras que las de la CICIG son recomendaciones.
Ahora bien, en el marco de apoyo a los organismos judiciales de cada país, ambos organismos han tenido encuentros para compartir experiencias y coinciden en objetivos como la búsqueda de la coordinación entre las instituciones nacionales encargadas de combatir la corrupción y la promoción de la observación y el seguimiento a la Justicia, aunque también comparten las críticas recibidas por haber anunciado el inicio de investigaciones contra personas determinadas, provocando juicios mediáticos paralelos a los oficiales.
En lo que respecta a la MACCIH, esta trabaja en cuatro frentes: prevención y combate a la corrupción, donde apoya en investigaciones, adecua el trabajo de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Corrupción y propone cambios; reforma de la justicia penal, que incluye el observatorio; reforma político-electoral, donde buscar fijar normas para la financiación de las campañas, y seguridad pública, ayudando a la profesionalización de la Policía y a la implementación de mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios de la Justicia.
Con menos de tres años, la Misión ya ha dado de qué hablar, especialmente por la agilidad en sus procesos de investigación, también teniendo en cuenta las expectativas que había con el antecedente de la CICIG, que para 2016 ya llevaba casi una década operando. Los proyectos y casos más relevantes en los que se ha participado son: la Ley de Política Limpia, que obliga a los candidatos a reportar el origen de los dineros de sus campañas, a los que les pone máximos; la creación de la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) dentro del Ministerio Público, así como del Observatorio del Sistema de Justicia Penal, e investigaciones en casos de corrupción como los de la llamada Red de Diputados, que involucra a varios legisladores y ONGs, Odebrecht, el que llevó a la captura de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, el de la relación entre políticos y grupos narcotraficantes, y el del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
No obstante, según el informe Avances y Desafíos: Informe sobre los primeros dos años de la MACCIH, del Center for American and Latino Studies de la American University, el organismo de Honduras se ha visto más limitado que la CICIG: su financiación, por ejemplo, se dio sobre la marcha, no había control sobre la contratación de personal y dependía mucho del Ministerio Público. Además, el caso del IHSS, según investigaciones de la MACCIH, involucraría al partido de gobierno y al presidente Hernández, reelegido en 2017, con lo cual hay sectores escépticos con la propia Misión, que ya se ha visto atada de manos por detractores y originales partidarios.
La expectativa salvadoreña (y regional)
Los países del Triángulo Norte no sólo comparten mercados y cultura, sino también problemas, y con dos de las tres puntas aplicando una alternativa como las comisiones internacionales de lucha contra la impunidad, El Salvador tiene un ojo puesto en sus vecinos y otro en el desempeño de sus propias instituciones.
En ese sentido, hay quienes defienden el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y del sistema judicial para combatir los males desde dentro, y que no hay necesidad de crear comisiones que pueden pasar del apoyo institucional a pretender marcar el camino del país. En contraparte, hay sectores que ven a El Salvador incapaz de hacer frente a la corrupción, la violencia y la impunidad de manera efectiva, al ser problemas estructurales que, además, involucran a las propias instituciones.
Precisamente, lo que llevó a la creación de la CICIG y de la MACCIH fue la incapacidad institucional de Guatemala y Honduras para combatir tanto la violencia, la corrupción y la relación entre ambas, como la impunidad que resulta y que a su vez les da más vida, ralentizando el desarrollo del país.
En El Salvador lo saben y, a su modo, el Gobierno ya acudió al extranjero: el 25 de enero de 2016, con la aclaración de Mónica Mendoza, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), de que no se trataba de otra CICIG, El Salvador anunció un acuerdo con la ONUDD financiado por Estados Unidos para combatir la corrupción en el país, trabajando con instituciones ya existentes y con menos facultades (y resultados) que los organismos vecinos.
Más tímido que lo adoptado por los otros dos países, pero de fondo similar en intenciones, ese acuerdo confirma que, pese a las competencias diferentes, los intereses de terceros y el protagonismo en la escena política, estos nuevos organismos en el Triángulo Norte son medidas más estructurales para resolver no solamente problemas históricos, sino para cambiar realidades profundamente enraizadas e inherentes a su propio sistema.