Este artículo fue originalmente publicado el 9 de diciembre de 2021 en El País Planeta Futuro. Los autores son la investigadora del NCID Ángela Abascal y el colaborador David Soler. Puede consultar el artículo original aquí.

El pasado 9 de octubre, Rukia Godana se levantó de la cama como cualquier otro día. Era sábado, por lo que no tenía que llevar a sus hijos al colegio. Les despertó, puso la comida a su gato y se fue a montar su negocio de venta de ropa interior en la calle X del suburbio de Mukuru Kwa Njenga, uno de los más humildes de Nairobi, la capital de Kenia. A mitad de mañana, las cosas se empezaron a torcer. Una serie de funcionarios llegó con escuadra y cartabón en mano, escoltados todos ellos por fuerzas policiales y bulldozers. Tras medir, le notificaron que su casa y su tienda estaban en el tramo de 32 metros por el que pasaría la Nairobi ExpressWay, una autovía elevada que cruza la ciudad. Horas después, su hogar y su modo de vida habían desaparecido.

Pero la pesadilla de Godana no había acabado. No había transcurrido un mes cuando unos empleados de los Servicios Metropolitanos de Nairobi llegaron para informar de que la zona donde esta mujer se había realojado con su familia también iba a ser demolida. Por allí pasarían carreteras secundarias para servir a la nueva autovía principal y a otras áreas industriales. Perplejos, los vecinos decidieron combatir: “No íbamos a permitir que nos quitaran nuestras casas en nombre de una construcción de carreteras en la que no nos habían involucrado, sin participación pública”, asegura Godana.

La comunidad se unió y durante ocho horas hubo intercambio de piedras y lanzamiento de gas lacrimógeno entre las fuerzas de seguridad y los vecinos. Al final, los primeros se fueron. Dos días más tarde, el viernes 5 de noviembre, volvieron con refuerzos, tanques de agua y excavadoras que arrasaron todo a su paso. “Fueron despiadados: comenzaron a destruir negocios, casas... Todo lo que encontraban a su paso”, recuerda Godana. Siempre según el recuento de la vecina, una persona murió aplastada en las demoliciones y otras dos resultaron heridas en las protestas, aunque no hay informes oficiales al respecto.

Desde hace un par de semanas, esta madre soltera es una de las más de 60.000 personas del suburbio de Mukuru Kwa Njenga afectadas por los desalojos forzosos. Su hogar es una de las 16.500 viviendas derruidas, según el cálculo de investigadores del proyecto SLUMAP. Los vecinos de los barrios de Milimani, Sisal y 48 Zone son los más impactados en un lugar que ha visto como casi dos tercios de su población, de algo más de 100.000 habitantes, se han quedado sin un techo. Los que tienen suerte viven ahora hacinados en pequeñas casas de familiares, donde antes cabían tres o cuatro inquilinos ahora uno puede encontrarse con el doble de ocupantes. Otros sobreviven en improvisadas tiendas de campaña de plástico y, los que menos suerte tienen, se han quedado en la calle.

Ahora miles de habitantes no solo no tienen casa, sino que otros muchos temen perder la suya. Los propietarios han aprovechado la alta demanda para aumentar el precio de las viviendas (ya de por sí, deficientes). Previamente, se podían encontrar alquileres por 1.500 chelines (12 euros) al mes, pero en las áreas más afectadas por las demoliciones de Mukuru ahora ha aumentado a casi el doble, hasta los 28 euros. El coste también ha subido en las construcciones en altura, más desarrolladas, desde los 35 euros) a los 51. Y a esto se añade una fianza que se pide para entrar de otros 6.500 chelines. En total, 13.000 chelines o 102 euros por un hogar precario en un barrio donde el salario medio mensual es de 117 euros.

Colegios derruidos

A la falta de acceso a una vivienda se suma también la crisis en la educación. La segunda fase de las demoliciones duró dos semanas y afectó también a escuelas. Cuando los alumnos de la Academia Internacional River Life volvieron de sus pueblos a la ciudad tras pasar las vacaciones de mitad cuatrimestre se encontraron hogares en ruinas. “No sabían dónde ir, nos iban preguntando donde estaban sus casas, estaban en shock”, asegura Godana.

Al menos diez centros educativos han sido afectados, la mayoría de ellos privados que dan servicio a familias que no pueden acceder a escuelas públicas por falta de plazas. Con un precio de 3.5000 chelines por trimestre –unos 30 euros–, los estudiantes ahora se encuentran sin aulas. “Teníamos alrededor de 400 estudiantes y todo ha sido destruido”, se queja Patrick Kamazega, director de la institución. “Llevamos aquí desde 2003 y ahora solo podemos ofrecer algunas clases a los cursos más avanzados, pero no podemos dar servicio a los de primaria”.

Matricularse en otra escuela es ahora una quimera. A la distancia física se suma la falta de dinero para pagar por un nuevo uniforme y libros, que cuestan otros 30 euros de media. Muchos de los estudiantes se pasan ahora el día hurgando entre los escombros cosas de valor para poder ganar algo de dinero. “El ambiente no es nada cómodo para vivir, con gente tirada en la calle y buscando algo para comer. No puedes esperar que un niño vaya a estudiar con el estómago vacío”, se queja Godana.

Una autovía para ricos

Los vecinos de Mukuru Kwa Njenga son los últimos de los afectados por el mega proyecto de la Nairobi Expressway. En 2018, más de dos mil familias del barrio marginal de Kibera, en la zona oeste de la capital keniana, fueron desalojados para construir esta autovía. A pesar de ello, las obras no comenzaron hasta dos años más tarde. Desde entonces, todo han sido prisas. El Gobierno ha adelantado los plazos previstos en dos años con el objetivo de finalizar su proyecto estrella antes de las elecciones generales de agosto de 2022. Con dos tercios de la carretera construida, el ministro de Transportes aseguró, a finales de septiembre, que estaría lista para marzo.

El Ejecutivo quiere poder presumir de la que será la primera autovía en una ciudad en el Este de África y la segunda más larga en todo el continente tras la de Dakar. Con tramos de cuatro a seis carriles, se prolongará en un tramo de 27,1 kilómetros desde oeste de la capital pasando por el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta y hasta el municipio de Mlolongo, en el condado de Machakos.

El proyecto tiene un coste total de 668 millones de dólares (600 millones de euros) y ha sido financiado por la China Road and Bridge Corporation (CRBC), que poseerá la licencia de explotación durante 27 años. A partir de 2049, pasará a manos públicas.

La nueva autovía reducirá de tres horas a 20 minutos el tiempo para cruzar la capital. La previsión es dual: ayudar al comercio internacional y reducir el tráfico en las principales arterias de la ciudad. Esta infraestructura ayudará a agilizar el transporte a través del Corredor Norte, que nace en el puerto de Mombasa, en Kenia, y por donde pasa el 85% del comercio hacia países de la región sin salida al mar como Uganda, Ruanda, República Democrática del Congo y Sudán el Sur.

Así como el primer objetivo es realista, el segundo no está nada claro. El Gobierno espera que descongestione el tráfico de la calle Mombasa, la autovía Uhuru y la avenida Waiyaki. Sin embargo, los expertos en transporte aseguran que es difícil que se den las condiciones para ello. Por un lado, la mayoría de los habitantes de Nairobi no cuenta con vehículo propio: un 45,6% de los residentes se desplaza a pie ante la falta de dinero.

Para quienes sí hacen uso de un vehículo, un 40,7% coge una boda boda, las moto-taxis, o va en matatu, los pequeños autobuses de línea. El Gobierno ha prohibido las primeras en la Nairobi Expressway y aunque sí espera que circulen las segundas, los analistas tienen serias dudas. La imposición de un peaje de entre 100 y 1.550 chelines —de 1 a 15 euros aproximadamente—, según el tamaño del vehículo, y el excluir a las matatus del carril especial para buses de gran tamaño, puede ahuyentar su uso.

El Gobierno se defiende

Tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los habitantes, el responsable de la oficina pública encargada de los servicios de infraestructura en la ciudad, Mohamed Badi, se acercó al lugar para mostrar su apoyo. “Los desalojos son ilegales y yo no era consciente de ellos”, aseguró el director del Servicio Metropolitano de Nairobi a los allí presentes, quien anunció un millón de chelines de compensación —unos 8.000 euros—. A pesar de ello, los vecinos aseguran no haber recibido nada y no salen de su asombro: “¿Cómo no lo va a saber si las máquinas que derruyeron las casas eran del Servicio Metropolitano?”, exclama Godana. “El Gobierno quiere lavarse las manos”.

Al anunciar las primeras demoliciones, el pasado octubre, el Comisario Regional de Nairobi, James Kianda, aseguró que la construcción de la carretera será beneficiosa para los asentamientos chabolistas al mejorar su conexión con el área industrial. Sin embargo, la realidad es que la vida de los habitantes de Mukuru Kwa Njenga está muy lejos de mejorar. “No estamos en contra del desarrollo, pero simplemente vinieron a arruinarnos la vida”, asegura Godana.

Para muchas familias ya nada será igual. Con tres niños y un gato, al que considera su cuarto hijo, Godana asegura que lo está pasando realmente mal y no sabe qué hará a partir de ahora sin su negocio. “Han destruido nuestros hogares, arruinado nuestras vidas y traumatizado a nuestras mujeres y niños”.

Foto de portada: Tr. Odudu.