Esta columna de opinión fue originalmente publicada el 28 de mayo de 2021 en El País Planeta Futuro. Los autores son el investigador del CINDERE, Rodrigo Asturias, y el investigador junior del NCID, David Soler. Puede consultar el artículo original aquí.

El 30 de abril el médico tuvo que dar el alta a los ocho niños internos en el Centro de Recuperación Nutricional en San Juan Sacatepéquez, en Guatemala. Pero no por un tratamiento eficaz, sino por la desatención estatal contra la desnutrición en el país. Los niños no estaban en condiciones de volver a sus domicilios, pero el centro tuvo que cerrar por falta de fondos, tan solo cuatro meses después de haber reabierto tras el cierre por la covid-19.

La clausura vino en el peor momento, justo con el comienzo de la Ã©poca de hambre estacional en abril. Tan solo en la semana del 10 al 17 de ese mes se notificaron más de mil casos de desnutrición aguda en menores de cinco años. Guatemala es el país con mayor tasa de desnutrición crónica en América Latina: el 46,5% de los menores de cinco años la sufren, más de un millón de niños y niñas. La cifra es todavía más sangrante en zonas rurales e indígenas como la región noroccidental, donde prácticamente dos de cada tres sufre falta de nutrientes.

El caso del centro de San Juan Sacatepéquez no es único. Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno guatemalteco ha reducido la partida para 9 de los 15 programas dedicados a afrontar el grave problema de desnutrición. En noviembre de 2020, en medio de las protestas, unos asaltantes quemaron el Congreso ante la inacción del Gobierno en temas sociales.

Entre las medidas criticadas y que obligaron a hacer retroceder al presidente del país, Alejandro Giammattei, estaba la supresión de la partida de 21 millones de euros para la Gran Cruzada por la Nutrición. A pesar de la clara problemática nutricional, el Ejecutivo guatemalteco ha reducido poco a poco su gasto público en seguridad alimentaria, una asignación que no ha superado el 2% del PIB en la última década. La falta de inversión no solo compromete la salud de los guatemaltecos, sino también el desarrollo económico del país al afectar su bien más preciado: el capital humano.

Los primeros dos años de vida de una persona son vitales para poder tener un desarrollo físico y cognitivo adecuado. La altura es la medida más evidente: si un niño mide menos de 80 centímetros a los dos años de edad, sufre desnutrición. Esto incide en la vulnerabilidad a sufrir enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Más allá del cuerpo, el cerebro experimenta su mayor crecimiento en los primeros meses de vida. La falta de una nutrición correcta afecta la capacidad de concentración, memoria y aprendizaje en la edad joven. Los niños desnutridos tienen un 20% menos de probabilidades de saber leer y escribir.

El retraso en la educación redunda, a su vez, en el futuro de la vida laboral. Quien no ha padecido un retraso en el crecimiento durante su infancia tiene un 28% más de probabilidades de trabajar en una ocupación cualificada, mejor remunerada y con un sueldo hasta 66% mayor al de los que sí padecieron desnutrición. En Guatemala, la falta de nutrición ha generado un círculo vicioso de pobreza que trasciende a tres generaciones e impide el desarrollo adecuado.

Luchar contra la desnutrición requiere de altura de miras por parte de las instituciones públicas para comprender no solo la necesidad de afrontar el problema desde un punto de vista sanitario, sino también económico. La inversión sería rentable para el país a largo plazo: cada dólar invertido en reducir el retraso en el crecimiento genera una rentabilidad equivalente de unos 18 dólares en países muy afectados, según los cálculos del Banco Mundial.

A la hora de dirigir las políticas debe afrontarse también la situación económica y ambiental. Un 40% depende de la agricultura de subsistencia en una región que sufre de manera cíclica fenómenos como El Niño, relacionados con el cambio climático, que reducen los esfuerzos y aumentan la crisis alimentaria. A los desastres naturales como los huracanes Eta e Iota, que afectaron gravemente a Guatemala en 2020, se unen la degradación de la tierra por la explotación excesiva, la deforestación y la utilización de prácticas antiguas como la quema que son de baja productividad y erosionan el suelo.

Para solventar la desnutrición en Guatemala hacen falta principalmente dos ingredientes: una verdadera voluntad política y medidas basadas en la evidencia científica. Existen ejemplos internacionales que muestran que la desnutrición se puede combatir con éxito con esta receta. En Perú, los esfuerzos de tres gobiernos distintos y el enfoque científico permitieron al país reducir entre 2008 y 2016 su desnutrición crónica en más de la mitad, del 28% al 13%. Guatemala también puede conseguirlo, pero primero debe contar con un liderazgo con vocación de servicio público.