Este artículo fue originalmente publicado el 5 de abril de 2024 en Expansión. El autor es el investigador residente Ignacio P. Campomanes. Se trata de un artículo de opinión que defiende la libertad política para conseguir incrementos en la prosperidad de un país, basado en el estudio "Libertad y prosperidad en el mundo 2024" elaborado por el Atlantic Council y el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.

Han pasado 35 años desde que Francis Fukuyama propusiera su hipótesis de un fin de la historia. Tras la caída del bloque soviético, la humanidad habría llegado al punto final de su evolución ideológica, con la universalización de la democracia liberal como forma de gobierno. La tercera ola democrática de finales del siglo XX parecía dar la razón a Fukuyama, con un gran número de regímenes comunistas en Europa del Este y África subsahariana liberalizando sus sistemas políticos y económicos. Sin embargo, este proceso global se estancó durante la primera década de este siglo y, a día de hoy, parece claro que la democracia liberal es más la excepción que la norma.

Según Varieties of Democracy Project, actualmente solo 91 países pueden catalogarse como democracias, cuando en el año 2000 eran 86. De ellos tan solo 23 son democracias liberales en las que, además de celebrarse regularmente elecciones libres y competitivas, los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos son ampliamente respetados. Más aún, dos claras tendencias de la última década pintan un panorama poco optimista de cara al futuro. Por un lado, el deterioro institucional en una gran parte de las democracias del mundo es evidente, no solo en países en desarrollo, sino también en EEUU o Europa. Por otro, el apoyo y la confianza en las instituciones democráticas entre la población ha disminuido significativamente, como muestran las últimas oleadas del World Values Survey.

La libertad, la democracia, los derechos fundamentales y el estado de derecho pueden, y deben, ser defendidos en términos morales y éticos. Sin embargo, es innegable que los argumentos económicos pueden fortificar la causa de la libertad. Más aún cuando muchas de las situaciones que han alimentado el creciente escepticismo, como el incremento de la desigualdad, los efectos de las políticas de lucha contra el cambio climático o la automatización, son de naturaleza fundamentalmente económica. Quizá no es el valor intrínseco de las instituciones libres y democráticas lo que está hoy en duda, sino la capacidad de estas de generar progreso y prosperidad sostenida y para todos. Así, es imperioso continuar profundizando en nuestro conocimiento sobre la relación entre el sistema institucional de un país y su desarrollo económico.

El recientemente publicado 2024 Altas of Freedom and Prosperity Around the World supone una aportación rigurosa a este crucial debate de nuestro tiempo. El volumen se compone de 20 capítulos cortos, escritos por economistas de primerísimo nivel mundial como D. Acemoglu (MIT), S. Djankov (LSE), Y. Gorodnichenko (UC-Berkeley) o E. Glaeser (Harvard). Cada capítulo analiza la evolución de un país o región con la ayuda de los Índices de Libertad y Prosperidad generados por el Freedom and Prosperity Center (FPC) del Atlantic Council. Además de claves afinadas sobre la situación y retos de cara al futuro de cada caso concreto, el libro desprende una serie de ideas transversales de las que merece la pena destacar al menos tres.

En primer lugar, la relación positiva entre libertad y desarrollo socioeconómico, bien documentada en la literatura académica reciente a nivel agregado, se hace patente también en los distintos casos de estudio analizados.

Segundo, las sociedades libres se componen de un conjunto de instituciones además del factor electoral. El Índice de Libertad del FPC diferencia entre tres dimensiones de la libertad: política (elecciones, derechos políticos y civiles), económica (mercados libres y competitivos) y legal (estado de derecho). En muchos casos, la regresión democrática no está provocada por un empeoramiento del sistema electoral, sino por el debilitamiento gradual en otros poderes del estado. Un deterioro en la capacidad del poder legislativo para controlar la acción de gobierno y el grado de independencia judicial son predictores muy claros de una caída a medio plazo del nivel de libertad en otras áreas (libertad económica, derechos políticos, etc.). Un peligro adicional de estos procesos es que sus efectos en el nivel de prosperidad no son instantáneos, sino que se producen en muchos casos con un retardo considerable.

Tercero, que la libertad política es necesaria para que un país genere incrementos sostenidos de la prosperidad a largo plazo. Bajo el marco teórico del Índice de Libertad del FPC, los extraordinarios resultados en términos de crecimiento del PIB per cápita en dictaduras como China en las últimas décadas no se explican por su falta de libertad política, sino que se han producido a pesar de la misma, gracias a incrementos muy significativos en libertad económica y legal. Esta combinación de apertura económica, una relativa capacidad del estado para imponer y hacer cumplir la ley, junto con un nivel mínimo o nulo de libertad política, ha sido el inicio del camino al desarrollo de un número considerable de países. Es claramente el caso de España en los años 60, o de Ruanda en las últimas dos décadas.

Sin embargo, no hay que perder la perspectiva. La renta per cápita real en China es hoy menos de un tercio de la de EEUU, y muestra claros signos de ralentización desde hace varios años. Más aún, la única autocracia que alcanza la categoría de “país próspero” en el Índice de Prosperidad del FPC es Singapur. Por tanto, existe una duda más que razonable respecto de la capacidad de China y otras dictaduras de poder continuar incrementando la prosperidad de su población sin una clara apertura política.

Finalmente, cabe preguntarse por la situación de España. La presente edición del Altas of Freedom and Prosperity no incluye un capítulo específico de nuestro país, pero es evidente que varias de las ideas anteriores son relevantes para la situación reciente, como el deterioro gradual en instituciones y mecanismos democráticos no directamente relacionados con el sistema electoral. La palpable politización del poder judicial, arrastrada desde hace décadas pero indudablemente exacerbada en los últimos años, o la degradación del parlamento a mero órgano de aprobación de decretos-ley, son sólo dos ejemplos de un claro empeoramiento de sistema institucional español. El hecho de que los datos económicos no reflejen todavía una caída no debe hacernos pensar que dicha evolución es inocua, ya que es el crecimiento a medio y largo plazo el que puede estar en peligro.