Este reportaje fue originalmente publicado el 9 de mayo de 2022 en El País Planeta Futuro. Los autores son los investigadores junior del NCID Javier Larequi y Daniel Pérez. Puede consultar el artículo original aquí.

Casi seis millones de refugiados ucranianos, según ACNUR, han huido de su país desde que el pasado 24 de febrero Rusia comenzase un ataque a Ucrania por tierra, mar y aire, que ahora se concentra en la parte oriental y en la costa del Mar Negro. Esta catástrofe humanitaria llevó a la Comisión Europea a activar, prácticamente desde el primer momento, la Directiva 2001/55 que permite poner en marcha un mecanismo de protección temporal inédito hasta la fecha.

La respuesta solidaria europea permite a los refugiados ucranianos ahorrarse gran parte de las trabas administrativas que sí tuvieron los refugiados sirios o que tienen los africanos que huyen de sus países. Al igual que con las vacunas de la Covid, la garantía mundial de derechos fundamentales sigue estando injustamente distribuida. La directiva de protección temporal también obliga a los estados miembros a garantizar el alojamiento y la manutención de los refugiados ucranianos y a permitirles trabajar en cualquier país de la Unión. Es decir, permite a los ucranianos que huyen de la guerra de Putin gozar de muchos de los derechos que los ciudadanos de la Unión Europea tenemos.

La invasión de Ucrania, por tanto, ha despertado en la sociedad y en las instituciones europeas un espíritu solidario con los refugiados que no debería ser olvidado a la hora de atender a los que llegan todos los días de África, de Latinoamérica y de otras muchas partes del mundo. La política migratoria europea no debería dejar atrás a aquellos que huyen de otras catástrofes humanitarias, bien sean motivadas por otras guerras o por desastres climáticos.

En el caso de África se da, además, la paradoja de que es el continente más afectado por el cambio climático a pesar de que apenas ha contribuido a ello. Esta situación de desigualdad también la observamos en la abusiva compra de derechos de emisiones de CO2 a Estados africanos, con la que los países más ricos compensan sus superávits de contaminación. Además, las estimaciones de Naciones Unidas prevén que para 2050 los efectos del cambio climático en África provoquen 86 millones de refugiados. Todo ello, sin que exista un marco de protección internacional adaptado a estas circunstancias.

En Latinoamérica, pulmón del planeta, la deforestación se ha convertido en una grave amenaza medioambiental. Por ello, se hacen más que necesarios el cumplimiento de los objetivos de la COP26 de Naciones Unidas en relación con el fin de la deforestación para 2030 y medidas valientes como la adoptada por la Comisión Europea para prohibir la importación de cualquier producto ligado a la deforestación.

Hoy, Día de Europa, es necesario reivindicar una política migratoria justa y coherente que no discrimine entre refugiados de primera y refugiados de segunda. Ya lo dijo Robert Schuman, uno de los padres de la UE, el 9 de mayo de 1950 en la Declaración que hoy conmemoramos: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”. Sin esa solidaridad no se construirá una realización tan concreta como la de una política migratoria común y coherente en toda la Unión.

La Unión Europea debería aprovechar el momentum reformista impulsado por la Conferencia sobre el Futuro de Europa, mirarse sobre un espejo y comparar el tratamiento que reciben en nuestro continente unos y otros refugiados, en función de su origen. De hecho, las conclusiones de la Conferencia, que no son vinculantes, pero sí deberían ser tenidas muy en cuenta por las instituciones europeas, hablan de “reformar el asilo europeo en base a los principios de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad”. El informe habla de simplificar y acelerar el proceso de asilo en las diferentes administraciones, unificar criterios entre estados miembros y establecer una única ventanilla para realizar todas las cuestiones administrativas.

Las valoraciones finales impulsadas por los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) también defienden promover la participación de las entidades locales y regionales y la sociedad civil durante el proceso de asilo e integración de los refugiados y migrantes dentro de la Unión Europea. No hace mucho defendíamos, de hecho, en otra tribuna en Planeta Futuro, la necesidad de establecer un patrocinio comunitario precisamente para involucrar a las comunidades municipales en la acogida e integración de los refugiados que llegan a Europa.

Este momentum de concienciación también debería servir para avanzar en la ampliación de competencias de la Unión Europea en materia migratoria. Esta cuestión merece su propia brújula estratégica, como la recientemente aprobada sobre política de Defensa y Seguridad. La integración europea también debe armonizar sus planes estratégicos y hacer frente a los problemas globales relativos a las migraciones de manera conjunta.

En esta línea, la Unión Europea debería reformular su acción sobre las migraciones transformando su puesta en práctica. Así, se debería apostar por refundar agencias tan polémicas como Frontex. La reciente dimisión del director de la Agencia Europea de Fronteras es solo la punta del iceberg de un cúmulo de violaciones contra los derechos humanos que no se pueden tolerar. Asimismo, la nueva Agencia Europea para el Asilo debe impulsarse no solo con más fondos y personal, sino con mayor poder de acción real y competencial.

La Unión Europea debe ser un gran ejemplo de buen gobierno, así como de respeto y promoción de los derechos fundamentales, pero también de vanguardia en su impulso. Así, y tras las preocupantes predicciones de deterioro medioambiental, la Unión Europea debería incorporar a las políticas de asilo y refugio una especial protección a través de un pasaporte humanitario climático a los migrantes que huyen de desastres naturales o de la degradación de sus ecosistemas. A través de este pasaporte, se permitiría residir en Estados seguros a aquellas personas que hayan huido de sus lugares de origen por daños severos al medio ambiente. Se trata de entender que estos migrantes son víctimas del cambio climático y que merecen una protección integral.

No podemos volver a cometer los errores del pasado y repetir la insolidaridad de anteriores crisis de refugiados. Europa debe prepararse para dar un tratamiento humanitario, digno y solidario a la altura de nuevas crisis, vengan de donde vengan aquellos a los que se les brinda protección internacional. Para ello, en este Día de Europa se hacen más que necesarias medidas ambiciosas como este pasaporte humanitario climático o la incorporación de nuevas competencias para la Unión Europea en materia migratoria.