Esta columna de opinión fue originalmente publicada el 26 de noviembre de 2021 en El País Planeta Futuro. Los autores son el investigador junior del NCID Javier Larequi, Daniel Pérez y Violeta Alcaraz. Puede consultar el artículo original aquí.
Las personas desplazadas en el mundo fuera de las fronteras de sus países han aumentado de forma dramática en los últimos años, sobre todo desde la crisis de los refugiados sirios de 2015. La inestabilidad política en Europa del Este también ha contribuido a tensionar las fronteras de países como Polonia o Austria, por no hablar de la permanente tensión migratoria a la que se enfrentan países mediterráneos como España, Italia o Grecia. Esto muestra la importancia de establecer mecanismos de acogida de refugiados que huyen de sus países para proteger sus vidas.
La crisis migratoria de 2015 evidenció la incapacidad de los Estados miembros de la Unión Europea para hacer un reparto equitativo y solidario de los refugiados y, por tanto, dar una respuesta humanitaria a la altura de los valores europeos. Cada año, las solicitudes de asilo en países como España también ponen de manifiesto la necesidad de reformar el sistema. Aunque el Ministerio de Interior resolvió un número récord de solicitudes de asilo en 2020, los datos apuntan a que, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España se mantiene a la cola de los países de la UE por reconocimiento de peticiones de asilo, con una cifra que no llega al 5%.
En los últimos años, la Unión Europea y también países como España han apostado por una política migratoria que ha intentado externalizar el problema gracias a acuerdos con países terceros de tránsito, mediante Frontex o compromisos bilaterales. Aunque esto ha evitado la llegada de muchos migrantes a Europa, también ha conducido a otros muchos a optar por peligrosas vías ilegales. Hace unas semanas ya apuntábamos en otro artículo en Planeta Futuro la importancia de garantizar rutas migratorias seguras desde África con el objetivo de evitar repetir un verano tan trágico como el que hemos vivido no solo en el Mediterráneo, sino también en la ruta atlántica a través de las Islas Canarias, Andalucía y Portugal.
La gestión de las solicitudes de asilo requiere una nueva política europea de patrocinio comunitario y humanitario que mejore la acogida de los refugiados en nuestros países. El Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea aprobado hace algo más de un año ya apuntaba la necesidad de aprobar este tipo de programas fundamentados en la capacitación y en la formación de los migrantes. Ahora, desde el Foro por el Futuro de la Unión Europea de la asociación juvenil Equipo Europa proponemos dar un paso más y pedimos a la Comisión Europea que pase de las palabras a los hechos e impulse una directiva o un reglamento de patrocinio comunitario de personas refugiadas.
El patrocinio comunitario está basado en una mayor implicación de los actores locales, asociaciones comunitarias, oenegés y ayuntamientos en la acogida, a los que se suman los ya activos gobiernos regionales y estatales. Se trata de una iniciativa que pretende impulsar la responsabilidad compartida entre la sociedad civil y las instituciones públicas en la integración de los refugiados. A través de estos programas, son las propias entidades de ciudadanos las que pueden encargarse directamente de la admisión y acogida de los migrantes.
Esta propuesta no debe ser una vía que permita que los estados dejen de lado sus obligaciones comunitarias dentro de las políticas migratorias de reasentamiento, sino un complemento para mejorar el sistema de acogida de los países en la que implicar a la sociedad civil y a las administraciones locales. No se trata de simplificar los procesos de acogida, sino de facilitar la acción inmediata y de primera mano que pueden proporcionar las entidades locales y los colectivos municipales. El hecho de que sean ellos los que lo lideren permite, además, crear un vínculo mucho más estrecho entre las personas migrantes y las de acogida.
Con esta iniciativa y, según un estudio de la Comisión Europea, se podría aumentar el número de plazas en los países europeos para las personas que piden asilo, facilitar la admisión de los refugiados y, sobre todo, mejorar la integración en las comunidades locales. El propio Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas incluye el patrocinio comunitario como una de las vías seguras de acceso al asilo con las que los Estados pueden involucrarse en la acogida.
En el País Vasco, un proyecto piloto de patrocinio comunitario nacido en 2019 ha sido prorrogado por dos años más. El programa Auzolana II comenzó su andadura con cinco familias de origen sirio que llegaron a Euskadi huyendo de la guerra en su país. La Fundación Ignacio Ellacuría y Cáritas se encargan de llevar a cabo las acciones necesarias para la acogida de nuevas familias dándoles su apoyo social, material y financiero. La experiencia del País Vasco cuenta con el apoyo de las instituciones públicas y se inspiró en un programa canadiense de patrocinio comunitario.
La Unión Europea necesita una seria reflexión política, social y humanitaria acerca de las vías legales y seguras para obtener protección en Europa. Entre ellas, la promoción del reasentamiento o la admisión humanitaria deben ser replanteadas para involucrar más a las comunidades locales y, de esta manera, conseguir una integración efectiva. Y estos objetivos no deben ser sólo optativos, como ha ocurrido hasta el momento, sino vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea.