Este artículo fue originalmente publicado el 1 de marzo de 2021 en la revista Mundo Negro. El autor es el investigador junior del Navarra Center for International Development, David Soler Crespo.

Un país sin un presidente reconocido, sin capacidad para llegar a un acuerdo para celebrar elecciones y un grupo yihadista que cada vez golpea más. Somalia pretendía que las elecciones hicieran avanzar hacia la construcción de un Estado tras años de guerra civil, pero las divisiones políticas impiden poner las bases de un futuro en común. Vuelta, de nuevo, al punto de partida.

El país debía haber celebrado elecciones presidenciales y legislativas en diciembre, pero la falta de acuerdo político hizo comenzar la cuenta atrás: el objetivo, llegar a organizar unos comicios libres y justos antes del 8 de febrero, fecha del final del mandato del presidente Mohamed Abdullahi ­Mohamed, conocido como Farmajo. El día llegó pero el acuerdo no, a pesar de encerrarse los políticos durante tres días en una cumbre de emergencia en Dusmareb. 

Ahora la oposición política y los estados federales de Jubalandia y Puntlandia, contrarios al Gobierno nacional, aseguran que no reconocen a Farmajo como presidente, a pesar de que todos los actores políticos firmaron en septiembre de 2020 una ley que indicaba que las instituciones de gobierno seguirán en sus puestos hasta que se elija un nuevo Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente en funciones intenta reunirse de nuevo con todas las partes para salir del estancamiento, pero la coalición opositora demanda que el encuentro sea en Mogadiscio, la capital, y que el propio Farmajo actúe como mero candidato y no como líder del Gobierno. El jefe del Estado entre 2009 y 2012, Charif CheiJ Ahmed -uno de los dos expresidentes que se presentan de nuevo a la presidencia- aseguró que Farmajo es un presidente «ilegal».

Mientras, el grupo terrorista Al-Shabab aprovecha el impás político para mostrar su capacidad de acción. En tan solo dos semanas, la formación, aliada de Al-Qaeda, ha reivindicado tres atentados mortales con objetivos políticos: primero en el Hotel Afrik, en el que asesinaron a 11 personas, entre ellas su objetivo, el retirado general Mohamed Nur Galal; seis días más tarde mataron a 12 agentes de seguridad -entre ellos, el jefe de inteligencia de Dusmareb, Abdirashid Abdunur- de un convoy que salía de la cumbre celebrada en esta localidad; y el tercer atentado fue en las afueras del Parlamento en Mogadiscio, donde mataron a tres personas.

En 2020, el grupo terrorista cometió un total de 1.742 atentados, lo que supone un tercio más que el año anterior.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Desde que Somalia acabara con la dictadura comunista de Siad Barre en 1991, la violencia política ha frenado en el país cualquier intento de construcción del futuro. En 2012 se dio un importante paso adelante al acordar una constitución provisional con un sistema federal. Este preveía la creación de cinco ­estados regionales más el de Somalilandia, territorio bajo jurisdicción de Somalia pero del que no tiene un control efectivo desde que autoproclamara su independencia en 1991. 

En 2017, Farmajo fue elegido con la promesa de conseguir celebrar elecciones directas, con sufragio universal, en las que cada ciudadano somalí tendría un voto. Cuatro años más tarde, el presidente ha dado por inútiles sus esfuerzos ante la falta de acuerdo para la organización del nuevo sistema y ha retrasado su plan hasta la siguiente cita electoral, prevista para 2025. Por tanto, el país debe seguir para estos comicios el vigente sistema de votación indirecto, en el que los líderes tribales seleccionan a delegados electorales, que escogen, a su vez, a los 275 parlamentarios para la Cámara Baja. Por su parte, los estados federales deciden a los 54 miembros de la Cámara Alta, y entre ambos hemiciclos escogen a un presidente, encargado de nombrar a un primer ministro que forma gobierno. Un sistema muy criticado al considerarse que fomenta la compra de votos -con algunos escaños a subasta por hasta un millón de dólares-, y por la influencia que Al-Shabab ejerce sobre los delegados de las zonas donde tiene más presencia y sus conexiones sirven para condicionar a los líderes de clanes y elegir parlamentarios de su gusto.

El estancamiento actual viene motivado por una lucha de poder entre el Gobierno nacional y los estados federales. En septiembre, ambas partes llegaron a un acuerdo para que las regiones organizaran el voto en dos ciudades de su territorio, tras lo cual el Gobierno del estado sureño de Jubalandia decidió escoger Kismayu y Garbahaareey. La elección de esta última ha sido uno de los puntos de división, ya que es la capital de Gedo, una región en disputa entre los gobiernos nacional y regional. 

Tras salir reelegido Ahmed Madoobe como presidente de Jubalandia en 2019, Farmajo envío a los militares para que el Gobierno nacional administrara la región de Gedo, donde la mayoría de la población es de su clan. Jubalandia reclama que se retiren las tropas somalíes y puedan elegir ellos a sus candidatos, pero Farmajo se niega a ceder el control en un territorio donde espera contar con parlamentarios que podrían ser vitales para su reelección. A ello se une la decisión del presidente de conceder 13 escaños al Senado a la región de Banaadir, donde se encuentra Mogadiscio, la capital, una maniobra que choca con la Constitución, que solo prevé poder de decisión a los estados federales. Esta medida ha puesto en contra del presidente no solo a Jubalandia, sino también a la región de Puntlandia e incluso a Somalilandia, que sigue contando con 46 diputados al Parlamento somalí, y cuyos líderes critican que Farmajo no les ha consultado para la organización de las elecciones en su territorio.

Farmajo busca convertirse en el primer presidente en ser reelegido. En 2017 su victoria impidió que lo lograra Hassan Cheij Mohamoud, quien ahora se ha unido en una coalición electoral con su predecesor, Charif Cheij Ahmed, para vencer en las legislativas. Ambos optan de nuevo a la presidencia junto a una docena de candidatos. Ambos expresidentes son miembros del clan abgal, de la etnia hawiye, que representa a un 25 % de la población. Farmajo es del clan ­marhane -el mismo que el dictador Barre-, parte de la etnia darod, que son un 20 % de los somalíes. Todos ellos provienen de la gran familia de pastores nómadas samaal. El clan es el factor identitario social y político más significativo en Somalia. El reparto de poder entre ellos -entre el centro y los estados federales- sigue dificultando la construcción del Estado que, una vez más, queda en el limbo.