Las políticas locales e internacionales no han sabido adaptarse a la amenaza constante que supone el desgaste de los recursos naturales y el cambio climático.En Kenia, la cuestión de los derechos de agua se está volviendo un tema crucial ya que la infraestructura del país es insuficiente y la disminución de las aguas superficiales deja ya a muchas personas desatendidas.

A pesar de que este país de África oriental depende económicamente de los recursos hídricos, es una región con escasez de agua. Aproximadamente el 90% de su superficie total no es adecuada para el cultivo[i], y sin embargo la producción agrícola sigue siendo el mayor contribuyente al PIB en Kenia; en los últimos dos años subió por encima del 30% del PIB[ii]y emplea a un 80% de la población[iii]. Y aunque esta actividad tenga potencial para crecer más  hay que tener en cuenta que representa casi el 80% de las extracciones de agua dulce en el país[iv].

Si analizamos el acceso individual del agua, sigue habiendo deficiencias importantes entre la oferta y la demanda. Las diferencias entre las zonas urbanas y rurales son importantes. El acceso a fuentes de agua limpia ha caído un 82% en las zonas urbanas mientras que ha mejorado en un 57% en las zonas rurales[v]. Esto se explica porque las dos ciudades más grandes del país, Nairobi y Mombasa, han crecido de manera desproporcionada y su población se ha duplicado desde 1990. Por el contrario en las zonas rurales el crecimiento ha sido lento pero constante permitiendo que las mejoras en la infraestructura fuesen a buen ritmo (infraestructura mayormente impulsada por la perforación de pozos).

Las restricciones en el suministro de agua para la gran población se entienden en el marco de escasez de agua general y los problemas con la infraestructura en las grandes ciudades principalmente en los asentamientos improvisados como por ejemplo el poblado de Kibera en Nairobi. En el área metropolitana, alrededor del 40% del volumen de agua no está contabilizada según la compañía de agua y alcantarillado de la ciudad de Nairobi – Nairobi City Water and Sewerage Company—. Gran parte de esta agua se pierde debido a la fugas o a la conexiones ilegales que se atribuyen a los asentamientos a las afueras de la ciudad[vi]. A pesar de que los habitantes de estos poblados son en su mayoría gente que vive bajo el umbral de la pobreza, pagan altas tasas –hasta 10 veces más que la media— por un agua de peor calidad si se compra con áreas de clase media alta[vii].

Sin embargo, el problema del acceso al agua no solo afecta a los asentamientos, 750.000 personas llegan al año a Nairobi y sus alrededores y solicitan acceso al agua y el desarrollo de mejores infraestructuras[viii]. Pero, ¿cuánta agua tanto superficial como subterránea está disponible? La respuesta: depende de cuánto se esté dispuesto a invertir[ix]. Gran parte del agua superficial disponible -que es el agua que proviene de fuentes que requieren mínima o ninguna perforación— ya está siendo explotada, con fines agrícolas o industriales, pero no es apta para el consumo. La responsabilidad de identificar estas oportunidades recae en la Water Resource Management Authority of Kenya (WRMA), cuyo trabajo, entre otras cosas, consiste en llevar a cabo estudios hidrológicos y determinar qué recursos se pueden desarrollar de forma sostenible para su uso. Además de ser técnicamente difícil, esto no es un proceso apolítico.

El paisaje político del agua

Como parte de la estrategia del Ministerio de Agua y Riego, que está codificada en la Ley del Agua de 2002, existe la concesión de licencias a las empresas privadas capaces y dispuestas a extraer y vender este preciado recurso. Por otra parte, la asignación de derechos y el consumo están separados por cuencas, lo que significa que hay límites estrictos, al menos en las aguas superficiales, a través de los cuales las diferentes ciudades pueden abastecerse de agua. Esto llega a ser especialmente problemático cuando entran en juego las aguas subterráneas, que pueden abastecer a una o a varias cuencas a la vez. El resultado es que el acceso a fuentes superficiales está muy disputado por tanto intereses económicos como políticos. Para solucionar esto, la WRMA tiene que seguir desarrollando la sustracción de los recursos hídricos de forma sostenible, pero además deberá centrarse en cómo distribuir equitativamente este recurso de una manera justa y transparente.

Este asunto junto con el valor que tienen las aguas superficiales sin explotar se puso (de nuevo) en relieve este pasado mes de diciembre, cuando un depósito en la cuenca de Athi (área de Nairobi) fue objeto de una apropiación de tierras por parte de una entidad privada a otra entidad privada. A pesar de que esas tierras fueron arrendadas a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Nairobi  (Nairobi City Water and Sewerage Company), una empresa asentada en Kenia pero de origen extranjero negoció con una autoridad local quien para reclamar ese territorio. Esta disputa forma parte de un caso legal que solo se resolvió después de que el presidente Kenyatta intervino por la fuerza al y defendió a la empresa que ya estaba explotando en la cuenca. Sin embargo está resolución fue sorprendentemente pacífica en comparación con una reciente disputa sobre el acceso al río Tana, que dio lugar a decenas de personas muertas.

Un nuevo proyecto de ley sobre la gobernabilidad del agua propuesto en 2012, tiene como objetivo aliviar esas tensiones. Uno de los cambios claves es la centralización del derecho de arrendamiento de una fuente de agua. Bajo la ley actual, ocho comités de agua (divididos por las cuencas ya mencionadas) tienen derecho a firmar contratos con proveedores privados que se encargan de la extracción y distribución del agua a varios usuarios. Si bien la descentralización ha sido una herramienta de confianza desde la ratificación de la Constitución de 2010, no está claro que este sea el enfoque más eficaz. Las tensiones surgen en el momento en que la división hidrológica del terreno no coincide con la división política de las regiones[x].

Además, las autoridades a nivel nacional, tales como el Ministerio de Agua y Riego y el WRMA ven cómo sus recursos se dividen entre las demás entidades que manejan el asunto, un tema que podría ahorrar dinero si se centralizase.

Sin embargo lo que se pierde en términos de coordinación en la entrega de este bien público, se podría devolver como beneficios a través de políticas adaptadas a nivel local como consecuencia de la descentralización. Los gobiernos del condado han sido razonablemente efectivos desde que fueron restablecidos en 2010 y podrían encargarse igual de bien del suministro y la distribución del agua. En un escenario ideal, esto se traduciría en un aumento de la competencia y una innovación entre los proveedores de servicios de agua, si las entidades a nivel nacional son capaces de asegurar que esto se hace de forma transparente[xi].

Lamentablemente, el proyecto de ley de agua está entrando en su cuarto año en debate. El estancamiento parece estar impulsado por dos factores principales: 1) el acceso al agua atraviesa una serie de problemas masivos, incluyendo los intereses financieros, reclamos de derechos humanos, el poder político, divisiones étnicas, y la conservación del medioambiente, y 2) el sistema actual ya está funcionando a un nivel razonable, teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrenta. El sentimiento general es que si los cambios mencionados anteriormente se muestran como inviables, puede que no haya ninguna reforma después de todo. En ese caso, lo mínimo que el Gobierno de Kenia puede hacer es fomentar la inversión en el desarrollo de los recursos de agua subterránea, donde reside la mayor parte del potencial de los recursos hídricos del país. Para ayudar en esta tarea, la comunidad internacional debe seguir invirtiendo en mejoras infraestructurales en Kenia, para quitarle presión a los mecanismos de gobierno haciendo que el abastecimiento de agua y el suministro más abundante y eficiente.